Dipol Monitoreo de Internet
Piden a la Procuraduría investigar a funcionarios públicos encargados de realizar monitoreo de comunicaciones. Policía tendría acceso a redes sociales de Colombianos.

La Organización Privacy International pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue funcionarios de la Dijín y la Dipol, encargados de contratar, adquirir y desplegar tecnologías de vigilancia en Colombia.

La petición se hace luego de una detallada investigación, que tomó casi un año, en donde se revela la delicada situación del monitoreo de las comunicaciones de todos los colombianos.

El año pasado Denotelopuedocreer.com tuvo acceso a parte de la investigación de la organización británica y advirtió que la era del monitoreo de Internet había iniciado. El día de hoy se publicó la investigación final llamada Un Estado en la Sombra: Vigilancia y orden público en Colombia.

En el detallado documento, que presenta pruebas de todo tipo e incluso entrevistas anónimas con funcionarios de las entidades, se revelan varios hechos delicados. Uno de ellos llama poderosamente la atención: el retorno de la inversión y el uso que se le dio a 28 millones de dólares que pertenecen a todos los colombianos.

Más allá de los tecnicismos  del monitoreo, y la falta de control a entidades como la Sijin y la Dipol, debería preocupar la millonaria inversión que ha hecho el Estado colombiano y que hoy habría terminado en cajas.

“Se ha informado que el equipo de Puma está en cajas de cartón en el lugar que Privacy International vio”, explica el informe detallando que se realizó una comprobación física del hecho en septiembre de 2014.

El equipo adquirido no estaría disponible ya que al parecer existe una diferencia entre la Fiscalía y la Policía Nacional acerca de quién debe realizar las interceptaciones de comunicaciones en el país.

El Fiscal Eduardo Montealegre ha dicho que solo la Fiscalía puede hacerlo mientras el general Rodolfo Palomino afirmó a medios que las actualizaciones del sistema Puma estarán listas a finales de este año.

En varias oportunidades se le ha pedido a la Policía Nacional explicaciones sobre este tema y su relación con Hacking Team. Las autoridades han emitido comunicaciones que no responden a las preguntas que, desde hace más de un año, han hecho ONG, periodistas e incluso miembros del Congreso.

Según el informe de Privacy International se invirtieron 50.000 millones de pesos en la actualización de PUMA en el año 2013.  Se compró software y hardware que convirtieron a la plataforma en una máquina completa de interceptación “capaz de recopilar datos y contenido de llamadas de voz,
VoIP, tráfico de Internet y redes sociales”, explica el informe. Justamente este mismo sistema es el que no se estarían usando.

Pero el no uso de herramientas de monitoreo adquiridas con presupuesto público no para allí. En el informe de la organización no gubernamental se explica que existen dudas al interior de la Policía acerca de los resultados de usar el software de Verint.

La policía estaría comprando tecnología sin saber muy bien su uso debido a la presión que tienen de ofrecer resultados en la lucha contra crímenes. Todo esto en medio de una fe ciega en la tecnología que se tomó Colombia en los últimos años donde se cree que todo tipo de dispositivo y avance mejorará resultados. Esto habría llevado a las autoridades “a adquirir equipo cuyo funcionamiento no entendía”, resalta el informe.

Personas consultadas por Privacy describieron a la tecnología adquirida como un trasto inútil.

“En realidad no sabe lo que está comprando”, recordó un ingeniero tras reunirse con el general Jairo Gordillo Rojas,50 jefe de la oficina de telemática de la Policía, y con su equipo. “No sé [por qué lo compraron], pero desde luego fue una oportunidad que La Curacao aprovechó. Pero sé que no funciona tan bien como esperaban”, afirma el documento.

Todo esto se une a las relaciones de la Policía con organizaciones cuestionadas internacionalmente como Hacking Team. De los correos hackeados hace unos meses se puede concluir que incluso, se le ha vendido a la Policía dos veces la misma solución informática.

Mientras todo esto avanza y se tratan de  resolver los líos jurídicos, y sin el escrutinio de la sociedad, actualmente se siguen firmando contratos y compran todo tipo de dispositivos tecnológicos que buscan garantizar técnicamente el monitoreo de las comunicaciones.

Para la Procuraduría una gestión fiscal ineficaz y ineficiente puede ser considerado como un detrimento o daño patrimonial del Estado. Justamente lo que podría estar pasando con los dispositivos adquiridos.

Habrá que esperar si la Procuraduría tomará la decisión de iniciar investigaciones luego del informe de Privacy International.

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