Se revelan graves fallas legales. Hacen llamado a que gobierno y sociedad empiecen a discutir los alcanzes de las decisiones que se han tomado.

Debido a vacíos legales los derechos a la intimidad, libertad de asociación y libertad de expresión podrían estar en riesgo. La conclusión la hace un estudio realizado por expertos internacionales y nacionales que alertan sobre la situación en nuestro país.

Si bien es apenas lógico que las autoridades deben crear un marco legal para cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos, muchas de las leyes, decretos y reglamentos podrían ir en contra de los conceptos y estándares internacionales de derechos humanos. Todo esto se conoce gracias a el informe Vigilancia de las Comunicaciones por la Autoridad y Protección de los Derechos Fundamentales en Colombia realizado por Electronic Frontier Foundation, Fundación Karisma y la Comisión Colombiana de Juristas.

El tema debe preocupar a todos los colombianos en un país que adopta rápidamente la transición al mundo digital y donde, cómo lo revelamos hace unos meses, se invierten millonarias sumas de dinero público en construir infraestructura técnica para llevar a cabo el monitoreo de las comunicaciones.

Igualmente, el informe debe ser una alerta para todos los ciudadanos ya que se han conocido casos como el que involucró a Humberto de la Calle, negociador en La Habana, donde podría haber sido víctima de espionaje a través de Internet. Ya en Colombia se han condenado a personas de la oposición por acceso abusivo a sistemas informáticos.

“Se aprecia en varios casos una falta de conformidad con los distintos estándares internacionales en materia de vigilancia de las comunicaciones por la autoridad”, concluyen los expertos.

Los desarrollos académicos a nivel global  buscanproteger los derechos humanos y precisamento estos podrían ser vulnerados en Colombia.

 

Normas cuestionadas

Dosmonitoreo

Si bien el documento que analiza la situación colombiana tiene un alto tecnicismo jurídico se pueden extraer varios casos concretos de la problemática que deberían interesar a la opinión pública.

El primero de ellos tiene que ver con quién está autorizado en Colombia para hacer vigilancia de comunicaciones. Se creía, y de hecho muchas personas así lo afirman, que la única autoridad para realizar esta actividad era la Fiscalía.

Gracias a que la Corte Constitucional lo avaló inexplicablemente y el artículo 46 de la Ley 938 afirma que  la vigilancia de comunicaciones, en casos muy concretos, es posible responsabilidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones y la Policía Nacional. Esto explicaría por qué razón los contratos para crear Puma se hicieron a través de esta entidad.

En segunda medida se tocó el alcance que tiene la legislación relacionada con actividades de inteligencia y contrainteligencia. Como ya lo había revelado Denotelopuedocreer.com es claro que el gobierno nacional desarrolló toda una legislación para que en algunos casos las autoridades tengan  acceso directo a  datos sensibles de ciudadanos que viajan, por ejemplo, a través de Internet o la telefonía celular.

Todo esto se logra gracias a que por obligación legal las ISP deben dar esa información al pedido de las autoridades. “No es claro el alcance de lo que se le ordena retener a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones”, concluye el informe.

Hoy en Colombia las agencias de Inteligencia pueden requerir el historial de comunicaciones de abonados telefónicos, datos técnicos de identificación de usuarios, localización de celdas en que se encuentran los terminales y cualquier otro dato técnico que contribuya a la identificación de las personas. Y no solo esto, la información privada más sensible podría estar a su alcance.

En lo que se conoce como Metadatos, la autoridad podría tener acceso a origen y destino de sus comunicaciones.  Podrían monitorear a quién se le envía un correo o mensaje de texto, páginas web visitadas, libros y material leído, personas con las que se interactúa, búsquedas realizadas, ubicación, lugares que visita, horas y cercanía a otras personas.

Esto se suma a que no se conoce con certeza el número de peticiones que ha hecho el gobierno nacional a los prestadores del servicio. Hoy no se sabe nada. Y es un tema grave, sobre todo en Colombia que tiene ya una larga tradición de espionaje y se prepara para el postconflicto.

“La ley de inteligencia y contrainteligencia también falla al momento de no regular directamente los niveles de clasificación de la información”, reitera el informe.

Igualmente, de manera inexplicable la información de miles de colombianos podría ser alojada y guardada por las autoridades por cinco años, un periodo de tiempo que es ridículo si se compara internacionalmente donde sí se hace, pero por un periodo corto de tiempo.

Además de ridículo no cumple normas internacionales. La Corte Europea de Justicia afirma que la retención masiva de datos asociada exclusivamente a un periodo limitado de tiempo es una afectación desproporcionada al derecho a la intimidad.

Todas estas revelaciones se suman al silencio del gobierno nacional en esta materia. Denotelopuedocreer.com en reiteradas oportunidades ha intentado hablar con la Policía Nacional para pedir claridad acerca del alcance del nuevo entorno digital y se la ha negado la petición.

Hoy en el país, de manera oficial ningún representante del gobierno habla con claridad sobre las denuncias que se han venido haciendo y lo más preocupante es que en materia legislativa ni senadores ni representantes parecen preocuparse por el delicado tema.

Según el informe el país está lejos de crear un método que garantice la transparencia en todas estas actividades. “La Ley de Inteligencia no consagra un mecanismo de supervisión pública de las actividades de vigilancia”, explica el informe. Como es normal en Colombia en varios ámbitos, nadie responde, nadie sabe nada.

El completo informe analizó todo el marco jurídico colombiano encontrando varios detalles en los cuales el gobierno colombiano debe mejorar. “La falta de un marco normativo claro e integral que regule y limite el avance del uso de las tecnologías de vigilancia por parte de la autoridad dificulta el control ciudadano”, explica el estudio. Ahora la decisión de responder ante estos cuestionamientos está del lado del gobierno nacional.

Ilustración: De Maxim2 licenciada bajo Creative Commons
Ilustración 2: De licenciada Bajo Creative Commons.

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